Cómo ejercer el Derecho al Olvido en la era digital
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El derecho al olvido permite a una persona física pedir que ciertos resultados dejen de aparecer en un buscador cuando se busca su nombre, y en México la vía principal es el ejercicio de los derechos ARCO ante quien trata los datos personales. La guía explica el origen europeo del concepto, cómo lo describe Google y cómo funcionan los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la ley mexicana vigente.
Contenido elaborado por Centria Group, agencia de SEO, GEO y AEO. Actualizado en octubre de 2026.
Qué es el derecho al olvido
Según la ayuda legal de Google, el derecho al olvido es el nombre que se suele usar para un derecho establecido por primera vez en mayo de 2014 en la Unión Europea, a raíz de una resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ese tribunal consideró que la legislación europea de protección de datos da a las personas físicas la posibilidad de pedir a los buscadores que retiren determinados resultados de las consultas relacionadas con su nombre.
Para decidir, los buscadores deben valorar si la información es inexacta, inadecuada, irrelevante o excesiva, y si existe interés público en que siga apareciendo. En 2018 la Unión Europea aprobó el Reglamento General de Protección de Datos, cuyo artículo 17 establece un derecho de supresión similar. Google aclara además que las normas de protección de datos se aplican, por lo general, a datos de personas físicas, por lo que las empresas no suelen tener este derecho sobre consultas con su nombre corporativo.
Qué ocurre en México
La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares se publicó como nueva ley en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 2025. Su artículo 2 define los derechos ARCO como los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos personales, y designa como autoridad a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Estos derechos se ejercen ante el responsable que trata los datos, por ejemplo una empresa que publica o conserva información personal. No equivalen de forma automática a una orden dirigida a un buscador, pero permiten pedir la cancelación de datos a quien los publica, lo que puede reducir lo que aparece en los resultados cuando el contenido se retira de la web.
| Aspecto | Qué establece |
|---|---|
| Derechos incluidos | Acceso, rectificación, cancelación y oposición |
| Plazo para responder | Veinte días desde la recepción de la solicitud, ampliable una sola vez por un periodo igual si las circunstancias lo justifican |
| Plazo para hacerla efectiva | Quince días después de comunicar la respuesta, cuando procede |
| Costo | Gratuito, salvo reproducción, copias o envío |
| Autoridad | Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno |
Cómo plantear una solicitud a un buscador
La ayuda legal de Google recomienda considerar primero si el contenido puede retirarse en su origen, por ejemplo en una red social, porque eliminar el material de la web puede ser más eficaz que retirarlo solo de los resultados de búsqueda del nombre. Si el contenido se elimina, los resultados se actualizan la próxima vez que los rastreadores visiten la página.
Cuando se opta por el formulario de Google, la solicitud debe incluir las URL concretas del contenido, la relación de esa información con la persona y los motivos del retiro, la consulta de búsqueda (el nombre) y un correo de contacto. Revisores profesionales analizan cada caso y sopesan el interés público frente a los derechos que otorga la legislación de protección de datos. La documentación enumera factores como el papel que la persona desempeña en la vida pública.
Límites y expectativas
El derecho al olvido no es absoluto. Cuando la información tiene interés público, el equilibrio con el derecho a informar puede llevar a rechazar la solicitud. Además, la documentación de Google presenta el procedimiento europeo como referencia, y la aplicación concreta en México depende de la ley local y de la política de cada plataforma. Antes de iniciar un trámite delicado, conviene consultar a un abogado especializado en protección de datos.
Para temas cercanos de imagen en línea, el artículo Reputación dañada: Pasos para reconstruirla describe pasos de recuperación, y Reputación digital: ¿cómo se gestiona y monitorea? explica cómo se monitorea lo que se publica sobre una persona o empresa.
La recomendación práctica es documentar las URL afectadas, intentar primero el retiro en el sitio de origen y, si no prospera, presentar la solicitud al responsable o al buscador con los motivos por escrito. Centria Group, Google Partner y Meta Business Partner, ha trabajado con más de 300 clientes en más de 30 países. Las empresas que buscan apoyo pueden conocer el servicio de posicionamiento SEO en México de Centria Group. Para seguir leyendo, también conviene revisar Reputación dañada: Pasos para reconstruirla y Reputación digital: ¿cómo se gestiona y monitorea?.
Preguntas frecuentes sobre derecho al olvido
¿Qué es el derecho al olvido?
Es el derecho de una persona física a pedir a los buscadores que retiren ciertos resultados asociados a su nombre. Se estableció en mayo de 2014 en la Unión Europea por una resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
¿Existe el derecho al olvido en México?
La ley mexicana reconoce los derechos ARCO de acceso, rectificación, cancelación y oposición frente a quien trata datos personales. Esa vía sirve para pedir la cancelación de datos a quien los publica, aunque no es idéntica a la figura europea dirigida a buscadores.
¿Cuánto tarda la respuesta a una solicitud ARCO?
La ley establece veinte días desde la recepción de la solicitud para comunicar la determinación, ampliables una vez por un periodo igual, y quince días más para hacerla efectiva si procede.
¿Ejercer los derechos ARCO tiene costo?
No. La ley señala que el ejercicio es gratuito y que solo pueden cobrarse los costos de reproducción, copias o envío.
¿Una empresa puede pedir el derecho al olvido sobre su nombre?
Por lo general no. Google indica que las normas de protección de datos se aplican al tratamiento de datos de personas físicas y que las empresas no suelen tener derecho a retirar contenido de consultas con su nombre corporativo.



